Impactos de la Resolución DGM-001-2026 en la Población Migrante Trabajadora Haitiana en la República Dominicana

La movilidad laboral de personas migrantes haitianas hacia la República Dominicana ha estado históricamente vinculada a sectores productivos caracterizados por altos niveles de informalidad, particularmente la agricultura, la construcción, el comercio informal y los servicios. En este contexto, el Estado dominicano implementó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), establecido mediante el Decreto núm. 327-13, con el propósito de regularizar la situación migratoria de miles de personas extranjeras que residían en el país en condición irregular.

El PNRE constituyó una de las iniciativas migratorias más relevantes desarrolladas en las últimas décadas, permitiendo el registro y documentación temporal de más de 200,000 personas extranjeras mediante distintas categorías migratorias, incluyendo la categoría TT-1 de trabajador temporero. Este proceso surgió en medio de importantes debates políticos, jurídicos y sociales vinculados a la migración haitiana, la soberanía estatal y el reconocimiento de derechos fundamentales.

En ese escenario, la Dirección General de Migración emitió la Resolución núm. DGM-001-2026, mediante la cual se establecen nuevos requisitos para la renovación de los permisos temporales de trabajo TT-1 correspondientes a extranjeros no residentes. La medida introduce mayores exigencias de formalización laboral y administrativa, incluyendo contratos de trabajo registrados ante el Ministerio de Trabajo, inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y garantías migratorias adicionales.

Aunque la resolución se presenta como un mecanismo de fortalecimiento institucional y control migratorio, su implementación genera importantes desafíos para la población migrante trabajadora, especialmente para quienes desarrollan actividades económicas dentro de sectores históricamente caracterizados por relaciones laborales informales.

El presente análisis examina el contenido, alcance e implicaciones de la Resolución núm. DGM-001-2026, evaluando sus posibles efectos jurídicos, sociales y administrativos sobre la población migrante trabajadora haitiana en la República Dominicana.

OBJETO Y ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN

La Resolución núm. DGM-001-2026 tiene como finalidad reforzar los mecanismos de regulación y supervisión aplicables a los permisos temporales de trabajo TT-1 otorgados a personas extranjeras no residentes. Para ello, establece nuevos requisitos obligatorios para la renovación de dichos permisos, priorizando la formalización de las relaciones laborales y el fortalecimiento de los controles administrativos migratorios.

Entre las principales exigencias incorporadas se encuentran la presentación de contratos de trabajo debidamente notariados y registrados ante el Ministerio de Trabajo, la inscripción del trabajador en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la contratación de pólizas de garantía migratoria y la emisión de cartas de responsabilidad por parte de los empleadores.

La resolución elimina además mecanismos previamente utilizados para la renovación documental, tales como declaraciones juradas o constancias laborales informales, limitando el reconocimiento migratorio exclusivamente a relaciones laborales formalizadas y registradas oficialmente.

En términos prácticos, la medida no solo modifica requisitos administrativos, sino que también amplía los mecanismos estatales de supervisión sobre la contratación de mano de obra extranjera, particularmente en sectores donde históricamente predominan formas flexibles e informales de empleo.

PRINCIPALES DISPOSICIONES

La resolución establece que toda persona extranjera acogida a la categoría TT-1 deberá cumplir con nuevos requisitos documentales para solicitar la renovación de su permiso temporal de trabajo. Entre ellos se incluyen:

• Formulario de solicitud en línea;

• Pasaporte vigente con un mínimo de 18 meses de validez;

• Carnet TT-1 vigente;

• Certificado médico autorizado;

• Dirección de residencia en el país;

• Póliza de garantía migratoria;

• Carta del empleador justificando la solicitud;

• Contrato de trabajo debidamente notariado, legalizado y registrado;

• Certificación de inscripción en la TSS;

• Pago de tasas administrativas correspondientes.

Asimismo, la resolución establece que los contratos laborales deberán ser previamente aprobados por el Ministerio de Trabajo, indicando expresamente que no serán aceptados acuses de recibo ni documentos pendientes de validación.

La normativa también dispone sanciones administrativas para quienes desarrollen actividades laborales distintas a las autorizadas, trabajen fuera de la zona asignada o permanezcan en el país fuera del plazo autorizado, situaciones que podrían derivar en deportación conforme a la Ley General de Migración núm. 285-04.

BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO

La Resolución núm. DGM-001-2026 se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, la Ley General de Migración núm. 285-04 y el Reglamento de Aplicación contenido en el Decreto núm. 631-11, los cuales reconocen la facultad del Estado para regular el ingreso, permanencia y control de personas extranjeras en el territorio nacional.

De igual forma, la resolución se apoya en disposiciones específicas relativas a la categoría de trabajadores temporeros y a las facultades administrativas de la Dirección General de Migración para supervisar y controlar la permanencia de extranjeros no residentes.

No obstante, la implementación de estas medidas debe analizarse también a la luz de los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de derechos humanos y protección laboral, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En consecuencia, aunque la resolución posee fundamento jurídico dentro del ordenamiento nacional, algunas de sus disposiciones podrían generar tensiones respecto a principios de proporcionalidad, razonabilidad y no discriminación, particularmente en contextos caracterizados por elevados niveles de informalidad laboral.

DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES

La implementación de la Resolución núm. DGM-001-2026 plantea importantes desafíos para la población migrante trabajadora y para determinados sectores económicos que dependen de mano de obra extranjera.

Uno de los principales problemas radica en las limitadas posibilidades de formalización laboral existentes en sectores como agricultura, construcción, trabajo doméstico y comercio informal. En muchos casos, las personas trabajadoras desarrollan actividades económicas reales y permanentes, pero carecen de contratos registrados o empleadores formalizados capaces de cumplir con los nuevos requerimientos administrativos.

La resolución también incrementa la dependencia del trabajador respecto del empleador, debido a que la renovación del permiso queda condicionada al patrocinio empresarial, la emisión de garantías migratorias y el registro formal de la relación laboral. Esto podría aumentar escenarios de vulnerabilidad, subordinación y abuso laboral.

Adicionalmente, las nuevas exigencias podrían generar mayores niveles de irregularidad migratoria para personas que actualmente poseen permisos válidos, pero que enfrentan obstáculos económicos o administrativos para cumplir con los nuevos requisitos.

Las mujeres migrantes podrían experimentar impactos diferenciados debido a su alta participación en actividades laborales informales y de baja protección social, especialmente en el trabajo doméstico y el comercio informal.

IMPACTO EN LA POBLACIÓN MIGRANTE HAITIANA

La población migrante haitiana constituye el grupo más directamente afectado por la resolución, debido a su amplia presencia en sectores productivos informales y bajos niveles de protección institucional.

Para numerosas personas beneficiarias del PNRE y titulares de permisos TT-1, los nuevos requisitos podrían representar barreras significativas para mantener su estatus migratorio regular, aun cuando continúen desarrollando actividades laborales activas en el país.

La imposibilidad de renovar permisos podría aumentar riesgos de irregularidad migratoria, detención y deportación, así como profundizar condiciones de precariedad económica y exclusión social dentro de las comunidades migrantes.

Asimismo, la resolución también impacta a pequeños empleadores y unidades económicas informales que dependen de mano de obra extranjera, pero que no cuentan con estructuras administrativas suficientes para cumplir plenamente con las nuevas obligaciones establecidas por la normativa.     

RECOMENDACIONES DE OBMICA

OBMICA considera necesario que la implementación de la Resolución núm. DGM-001-2026 incorpore criterios de gradualidad, razonabilidad y adecuación a la realidad socioeconómica del mercado laboral dominicano.

En ese sentido, se recomienda adoptar mecanismos flexibles y progresivos de formalización laboral que permitan avanzar hacia mayores niveles de regulación sin generar procesos masivos de exclusión o irregularidad migratoria.

Asimismo, resulta fundamental simplificar los procedimientos administrativos asociados a la renovación de permisos TT-1, reduciendo cargas burocráticas y facilitando el acceso a los trámites tanto para trabajadores migrantes como para pequeños empleadores.

También se recomienda fortalecer las estrategias de información y orientación mediante materiales accesibles en español y creole, tomando en consideración las barreras lingüísticas y de acceso institucional que enfrenta una parte importante de la población migrante haitiana.

De igual forma, se considera prioritario promover espacios de diálogo entre autoridades, empleadores, organizaciones sociales y comunidades migrantes, con el objetivo de construir soluciones sostenibles que permitan compatibilizar los objetivos de control migratorio con la protección de derechos fundamentales.

Finalmente, toda política de fortalecimiento migratorio debe implementarse respetando los principios de proporcionalidad, razonabilidad y derechos humanos, evitando que las medidas administrativas profundicen condiciones de vulnerabilidad, precariedad e exclusión social.